al interior del otro cine

Era la primera vez que lo llamaba. Antes apenas había conversado un par de veces con él. Estaba con amigos en el Valle de los Chillos y, aunque tenía pensado venir al EDOC esa noche, la idea de sentarse a trabajar en la tarde de ese domingo soleado no lo entusiasmaba. Yo le hablaba desde el Itchimbía, a pocos pasos de la realizadora -a quien no di noticia del problema-, y con toda la adrenalina del juego le expliqué mi plan: José Julio improvisaría la subtitulación simultánea de Boris Ryzhy en las horas que nos quedaban. No solo confiaba en su profesionalismo, del que tenía certeza, sino sobretodo en su serenidad. Como prueba de que poseía ambos talentos, José Julio no se amilanó, aunque no dejó de advertirme que mi plan era un locura.

Ese fue el gesto que me hizo saber que había encontrado un amigo. Como a mí, y aunque lo callara, a él también le gustaba el peligro. A las cinco de la tarde, dos horas antes de la función, estaba en el sótano del Ochoymedio preparando el documento a partir de los subtítulos malogrados. A las seis dejó el render en marcha y fue a su casa a buscar la pantalla y los demás accesorios de la subtitulación. Proyectaríamos la cinta master en inglés y simultáneamente los subtítulos desde una computadora. Todo esto si el render terminaba a tiempo o, al menos, antes de que el público nos mandase al demonio. Para entonces ya más de cien personas esperaban la función en la antesala del cine. A las 19H00 les pedimos disculpas y les llevamos vasos de agua y media hora más tarde las hicimos entrar a la sala. Todo el prestigio del festival recaía sobre las espaldas de José Julio que sosegadamente transpiraba la demora del render que se hacía en dos computadoras. La función empezó con una hora de retraso.

Es curioso que la película que iba a subtitular fuese Boris Ryzhy. Aliona, realizadora holandesa de origen ruso, había descubierto por casualidad al "poeta de la perestroika" cuando se aficionó de las canciones de una banda punk que había musicalizado sus poemas. En ese momento decidió que su breve obra contenía toda la poesía que le interesaba leer. Nacido en una ciudad industrial de la era soviética en 1975, a Boris Ryzhy le correspondió vivir la atroz caida del sistema comunista. Su generación, dice él, fue una generación de gangsters y guardaespaldas. Casi todos sus amigos habían muerto cuando escribió los claros y tristes poemas que recuerdan esos años y esa geografía de edificios y lápidas, y que hablan de la cualidad densa y al mismo tiempo vana de nuestra existencia, independientemente del lugar donde hayamos nacido o de las circunstancias en las que vayamos a morir.

Digo que es curioso que hubiese sido esa la película que José Julio iba a subtitular esa noche, el 16 de mayo de 2010, porque Boris Ryzhy se suicidió en el 2001 a la edad de 26 años, la misma edad a la que José Julio había llegado pocos días antes y que era la que tenía el viernes pasado cuando nos sorprendió la noticia de su muerte. Nada, o quizás poco, o quizás mucho, hay en común en las vidas de José Julio Barberis y de Boris Ryzhy, el montañista colmado de voluntad y el poeta hooligan de Yekaterinenburg. Pero haya sido poco o mucho lo que los unía, está claro que se encontraron ese día, cuando José Julio tecleó una a una cada línea de los subtítulos de una película que no había visto nunca, leyendo y escuchando el diálogo en inglés y en ruso con la intensa atención de quien sabe que está en escena y que, por lo tanto, no tiene derecho a errar ni a rendirse.

Llevaré por el tiempo que me quede la memoria de su generosidad.


PD: Miren en el link de Youtube de arriba su cortometraje ¿Jugamos?

El 28 de abril de 1953 los periódicos La Hora y La Nación de Guayaquil fueron cerrados y sus editores arrestados por orden del ministro de Gobierno de Velasco Ibarra, Camilo Ponce Enríquez, por supuestamente haber “incitado al levantamiento del ejército”. El cierre duró cuatro meses. Esta es la nota que publicó el New York Times.

EL PRESIDENTE DEL ECUADOR APOYA FRENO A LA PRENSA
Por Sidney Gruson, especial para el New York Times

QUITO, Ecuador, 14 de mayo (1953)—El presidente José María Velasco Ibarra dijo hoy que su gobierno autorizaría la reapertura de La Nación y La Hora de Guayaquil si el dueño de los mismos, que permanece en prisión junto a otros cuatro miembros de su redacción, prometía en un documento escrito que sus periódicos se sujetarían a las leyes del Ecuador. Ese documento debería contener una confesión de que “calumniaron al gobierno e intentaron provocar una guerra civil.”

El presidente dejó entrever que los cinco periodistas, que fueron condenados el 1 de mayo a cinco años de prisión, serían liberados si satisfacían esas condiciones.

En una intervención de una hora, el presidente Velasco Ibarra defendió vigorosamente el cierre de los periódicos y el encarcelamiento de los periodistas.

“Estoy convencido de que fue totalmente correcto para la paz del país, para la moral pública e incluso para la dignidad de la prensa”, dijo, y añadió: “actué con autoridad, pero no como un dictador. El cierre de La Nación y de La Hora no es el comienzo de una era dictatorial”.

Antes de comenzar a responder preguntas, el presidente dijo que era “lamentable” que el cierre de los dos periódicos hubiese sido juzgado por la prensa internacional “sin un estudio de los hechos”.

“No todos los periodistas son infalibles, así como no todos los gobiernos son tiránicos”, dijo, “y la mejor manera de defender la libertad de prensa es asegurar la honestidad de la prensa de modo que la prensa de testimonio de que no falta al honor y a la lealtad”.

A lo largo de la entrevista el presidente subrayó su creencia de que la libertad de prensa no puede tener en el Ecuador el mismo significado que tiene en los Estados Unidos y en Europa. La gente de los Estados Unidos y de Europa, dijo, no es igual a los indígenas ecuatorianos.

Los dos periódicos de Guayaquil fueron cerrados el 28 de abril, ocho días después de que una multitud de 3000 personas que asistieron a una reunión en apoyo al presidente marcharon y protestaron frente al edificio donde operan los periódicos. Hubo disparos durante la marcha y, el 24 de abril, Simón Cañarte Barbero, el dueño y editor de los dos periódicos, junto con tres redactores y el gerente de los diarios, fue arrestado bajo la acusación de poseer armas y disparar contra la gente.

El 1 de mayo, un día de asueto en este país, los cinco fueron sometidos a un juicio sumario por el jefe de policía de Guayaquil y sentenciados al máximo término posible al amparo de un decreto de emergencia dictado durante la II Guerra Mundial. Aparte de la privación de libertad, cada uno fue condenado a pagar una multa de 10.000 sucres (625 dólares). [El Ministro de Gobierno y Policía era Camilo Ponce Enriquez].

El presidente dijo que los periódicos no fueron cerrados “por defender ningún principio, ni por criticar al gobierno”.

El presidente dijo que el señor Cañarte, que apoyó vigorosamente su candidatura en la campaña electoral del año pasado, se volvió en su contra después de su posesión cuando el presidente se opuso a un plan conducente a “que el gobierno compre unas embarcaciones viejas de las que Cañarte es dueño”.

“Fue por eso que se enojó y fue enceguecido por la venganza”, dijo el presidente. “Lo único que hacía en su periódico era calumniar sistemáticamente, insultar a la gente sistemáticamente, y pedir a las fuerzas armadas y a la policía que destruyan al gobierno. Si esto hubiese continuado el gobierno no hubiera tenido un solo mes de tranquilidad para trabajar y el gobierno hubiera incluso podido caer.” (FIN DE LA NOTA)

La Nación y La Hora eran diarios vinculados a Carlos Guevara Moreno, líder de la CFP. El 13 de noviembre del mismo año Velasco cerró El Comercio, Ultimas Noticias y Radio Quito por negarse a publicar un anuncio del gobierno en el que se criticaba a la prensa. Para justificar el cierre, Velasco dijo que “no podía tolerar la anarquía ni la manipulación de la opinión pública por medio de la publicación de falsedades”. Acusó a los periódicos de ser “antipatrióticos, sembrar el caos, insultar al congreso y usurpar la autoridad pública.” La planta de El Comercio estuvo en poder de la policía hasta el 24 de diciembre por la noche (más de dos meses), fecha en que se permitió nuevamente su publicación.

¡Feliz día del periodista ecuatoriano!

Me deben disculpar los lectores porque no cumplí el ofrecimiento de reportar las sesiones de la comisión ocasional de comunicación. No me voy a detener en los motivos, pero entre ellos debo considerar la falta de tiempo y la impresión -generalizada entre algunos lectores- de que la crónica sobre Panchana resumía anticipadamente todo lo que iba a pasar.

Queda claro que ni el gobierno sabe qué debe hacer en el campo de la comunicación desde una perspectiva democrática, ni a la derecha le interesa que se haga nada, y cuando digo gobierno y derecha me refiero, en algunos casos, a las mismas personas.

Y sin embargo, es tanto lo que se podría hacer.

Según datos del SRI las ventas de los principales canales de televisión del Ecuador en el año 2007 fueron:

ECUAVISA: 39 millones de dólares
TC Televisión: 28 millones de dólares
Teleamazonas: 21 millones de dólares
Gamavisión 19 millones
RTS 18 millones

Total: 125 millones

Hoy, después de la expropiación de TC y Gamavisión, 38% de ese pastel está en manos del gobierno.

Los dos principales grupos de televisión por cable, por su parte, vendieron 67 millones de dólares el mismo año (Satelcom, de grupo El Juri, vendió 34 millones y TV Cable, del grupo Isaías, vendió 33 millones). Como sabemos, TV Cable está en manos del gobierno después de la expropiación que hizo la AGD a los Isaías.

De modo que el total del negocio de la difusión de televisión en el Ecuador asciende, en cifras de 2007, a 192 millones de dólares. El gobierno controla hoy el 41% de ese negocio. Y para desgracia de todos, el gobierno no ha lanzado hasta ahora una sola idea encaminada a aprovechar esta circunstancia privilegiada [digo privilegiada en el sentido de que el control del 41% del mercado audiovisual facilitaría la introducción de políticas democratizadoras en el sector] para ampliar el pluralismo, la calidad de la televisión, la dinamización del sector audiovisual independiente. No. La única perspectiva que se les ha ocurrido es la más obvia y burda: controlar los informativos y, más tarde, vender esos canales a algún capitalista interesado. Si es amigo de Alianza País, mejor.

¡Un negocio de 192 millones (en cifras de 2007) y el sector audiovisual independiente tiene que vivir de las subvenciones públicas que ascienden a medio millón al año! Y a nadie en el gobierno ni en la comisión ocasional se le ocurre qué hacer, teniendo en sus manos el 41% de ese pastel.

No es exacto decir que a nadie se le ocurre qué hacer.

El director del Consejo Nacional de Cine del Ecuador, Jorge Luis Serrano, propuso a la comisión ocasional de comunicación la incorporación de un capítulo dedicado al fomento de la producción nacional independiente en la ley de comunicación. Era una propuesta seria que, en su sencillez, emulaba lo mejor de las políticas de cuotas horarias y de cuotas de adquisiciones vigentes en algunos países europeos, en la nueva ley de medios audiovisuales de Argentina y en la ley de responsabilidad social de Venezuela. La idea era muy sencilla: obligar a los canales de televisión de alcance nacional a programar una cuota de 100 horas de producción nacional independiente en el horario estelar de 18h00 a 23h00 y obligarlos simultáneamente a usar en la adquisición de esas 100 horas el 2% de sus ventas netas. Es decir, inyectar al mercado del audiovisual independiente 2,5 millones de dólares en cifras de 2007. El resultado esperado era diversificar la producción, abonar a favor del pluralismo en los medios audiovisuales, promover el audiovisual en lenguas ancestrales, promover la televisión educativa, ampliar la producción de documentales, apoyar al cine nacional. La propuesta añadía una clara definición de lo que se debe considerar como productor independiente y creaba, además, un Fondo de la Diversidad en el Audiovisual y de la Televisión Educativa, con el que se complementaba el financiamiento de las producciones. En total, según el cálculo del CNCine, el mercado audiovisual independiente podía haber crecido, a la vuelta de pocos años, a un volumen de seis o siete millones de dólares, frente al medio millón de fondos exclusivamente públicos que tiene hoy.

Como es obvio suponer, a la comisión ocasional le importó un comino la propuesta. Betty Carrillo ni siquiera la ha de haber leído. Panchana habrá inflado el pecho y se habrá dicho: "mi proyecto ya habla de esto y lo hace mejor".

En efecto, el proyecto aprobado por la comisión incorpora la idea de Panchana, que consiste en una generosa cuota de 10% de la programación a favor de la producción independiente, pero no especifica el horario de su difusión y menos aún establece una cuota de adquisiciones ni un fondo para la calidad, con lo cual esa producción será comprada, como hoy, a precio de huevo, como un favor que hacen los canales a los productores ("agradecerás que te doy pasando tu película"). Y en cuanto a la definición de los independientes se limita a decir que son aquellos "que no tienen relación laboral con el canal", lo cual es un portón abierto a la burla.

El trabajo presentado por el CNCine era serio, meditado, resultado de un proceso de reflexión, de dos congresos de trabajadores del cine, uno celebrado en Manta durante la Asamblea Constituyente y otro celebrado en la Universidad Andina con ocasión de un foro sobre la ley de cultura, y quedó reducido a nada por esa mayoría supuestamente progresista de la comisión.

Me veo obligado a concluir que esa mayoría no es ni progresista ni democrática.

¿Qué habría hecho una mayoría de izquierda? Una mayoría de izquierda habría comenzado por preguntarse, ¿qué podemos hacer para ampliar la libertad de expresión?, ¿qué podemos hacer para que en lugar de seis periódicos nacionales haya veinte?, ¿cómo podemos apoyar el surgimiento de nuevos medios? ¿Cómo podemos hacer para que los periódicos, incluidos los de nuestra tendencia pero también los otros, se lean en todas partes? Una mayoría de izquierda habría comenzado por preguntarse, ¿cómo hacemos para diversificar la oferta de televisión?, ¿cómo hacemos para que la transición a la televisión digital no sea simplemente una oportunidad de generar más ganancias para los mismos sino de que el público acceda a más canales, más diversos, a más programas de mejor calidad? Una mayoría seria se habría preguntado: ¿por qué la calidad de los programas es tan mala?, ¿no será que podemos hacer algo para que mejoren?, ¿no será un tema de dinero, de cuánto dinero gastan los canales en hacerlos?, ¿por qué no investigamos cómo funciona el negocio de la televisión? Una mayoría de izquierda, madura, joven, emprendedora, revolucionaria, se reiría de Jorge Ortiz y no perdería el tiempo en ver la manera de callarlo por vía de un reglamento de pacotilla porque sabría que la historia se encargaría de callarlo si la hiciéramos avanzar un poco, tan solo un poco. Una mayoría de izquierda a la que Jorge Ortiz le quita el sueño y el humor no es una mayoría de izquierda. Es simplemente una mayoría de políticos amargados, paranoicos y vanidosos.

Subrepticiamente Alianza País ha reformado la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La ocasión ha sido la aprobación de la muy loable Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.

La Ley de Transparencia era uno de los más importantes avances de nuestra legislación. Escuché a la misma María Paula Romo proclamarlo así en un foro en la FLACSO. ¿En qué radica su importancia? La ley dispone que toda la información generada en las entidades públicas y en aquellas personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, es información a la que todas las personas tenemos derecho de acceder. La ley establecía únicamente dos excepciones: la información confidencial o privada -entendida como la que corresponde a la intimidad de las personas- y la información reservada y en el caso de la información reservada establecía el procedimiento que se debía seguir para clasificarla de ese modo. Como es lógico, el carácter reservado debía ser establecido antes de que se diera la solicitud de acceso.

Pues bien, la nueva ley, la de Garantías Constitucionales (¡qué ironía!), cuando se ocupa del procedimiento para ejercer la garantía de acceso a la información pública se permite incorporar una nueva excepción al principio de publicidad. Así, en el artículo 47, algún comedido de Alianza País puso:

"No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas."

¡Vaya , vaya! No deja de ser un poco extraño -y de hecho es contrario a la norma constitucional (art. 138)- que una ley que regula el procedimiento para ejercer garantías se permita una acrobacia como esta metiéndose en donde no le incumbe. Esto está prohibido por la constitución precisamente para que la discusión de las leyes no escape a la atención de quienes pueden estar interesados en ellas. Les importó un comino que esto sea así. Lo importante era acoger la recomendación que a no dudarlo hizo el inefable secretario jurídico de la presidencia.

De modo que ahora "Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas"... El problema es que esta disposición está situada después y no antes de la apostilla "declarada en los términos establecidos por la ley". Si hubiesen tenido la delicadeza de ponerla antes, la frase se leería así:

"Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas, declarada en los términos establecidos por la ley."

Lo cual, ciertamente, dejaría un poco más a salvo el derecho de acceso a la información y obligaría al legislador a especificar de qué manera se debe declarar como tal la información "estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas". Pero seguramente no lo hicieron porque de haberlo hecho habrían tenido que reconocer que la redacción más lógica debió ser:

"Se considera también como información reservada aquella cuya reserva sea necesaria para proteger los intereses de las empresas públicas."

De ese modo incluso esa información estaría sometida al procedimiento establecido para la información reservada y las cosas estarían totalmente claras. Esto es así porque "reservada" es un adjetivo genérico que significa "que debe ser tratado con cautela" y que se puede aplicar solo a los documentos taxativamente descritos como tales en la ley. ¡Si uno revisa la ley, el art. 17 de la LOTAIP, todos los casos allí descritos (por ej. "Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado") contienen información "estratégica y sensible"! Era cuestión de añadir un numeral al artículo 17 de la LOTAIP y punto.

Pero no. Había que hacerlo con la urgencia que los incesantes y voluminosos negocios de las empresas públicas demandan hoy. La grosería de la estipulación solo hace más evidente su prisa. Lo hicieron así, además, para que no quede duda de que se trata de un imperativo tajante: cualquier funcionario de las empresas públicas puede de ahora en adelante negar acceso a cualquier información con el cuento de que se trata de "información sensible a los intereses de las empresas públicas" y nadie podrá cuestionar el hecho de que en esa materia su arbitrio es absoluto.

Una disposición que será de mucha utilidad para los diligentes empresarios públicos interesados en ocultar información sensible a los intereses de nuestras empresas.

PD. Me hace caer en cuenta un lector que la Ley de Empresas Públicas también intentó coartar el acceso. En efecto, allí hay dos disposiciones que aluden a la información "que desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado" es sensible y estratégica a los intereses de las empresas, si así lo considera su directorio. Es decir, ahora está hecho el match perfecto entre una y otra.

Lo que más me impresionó de la sesión del miércoles 14 de la comisión ocasional fue la manera no sé si decir impúdica o francamente grosera con que el asambleísta Panchana se incorporó a la mesa de trabajo: no solo llegó con un retraso de dos horas sino que, sin disculparse y sin despojarse de la chaqueta de motociclista que traía puesta, intentó desfogar por medio de una intervención innecesariamente acalorada la ira que le había provocado el resultado del partido de fútbol que todos los demás presentes no habían ido a ver para llegar a tiempo a la reunión.

El asunto que se estaba discutiendo para cuando Panchana entró en escena aludía a si debía o no prevalecer en el debate de la Ley de Comunicación la Convención Americana de DDHH. Tal cosa, en rigor, no se debía discutir. La Constitución de Montecristi es en esta materia meridianamente clara al disponer que cuando un tratado vigente reconozca derechos más favorables a los reconocidos por ella misma, deberán prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público (artículo 424). Pues bien, Panchana tuvo la osadía de pretender que esa norma no dice lo que dice. Y lo defendió a gritos.

No vale la pena detenerse en el silogismo falaz que improvisó. Solo podemos decir que fue de un nivel penoso y que dijo cosas tales como que a los constituyentes de Montecristi “se les fue esa norma” –es decir: no se dieron cuenta de que la escribieron (lo cual, hay que admitir que hasta podría ser cierto)– cuando los representantes de los pueblos indígenas demandaban equiparar la Constitución a los tratados internacionales que protegen su derechos específicos. Dijo textualmente que “eso fue escrito pensando en los pueblos afros y en los indios” y que de ninguna manera podía “una cosa escrita hace 50 años –¡en alusión a la convención que rige el sistema interamericano de DDHH!– estar por encima de nuestra constitución.” Nadie le hizo notar que no es la antigüedad lo que determina la obsolescencia de las normas y que, en todo caso, la convención americana, que tan académicamente defiende la fracción educada de su bloque y que él tan burdamente denosta, fue escrita en 1969 y sirve todavía de fundamento para una jurisprudencia extensa y respetada en todo el continente.

En su argumentación Panchana tuvo el respaldo sostenido de Mauro Andino y Humberto Alvarado a quienes hay que reconocer el mérito de haber asistido puntualmente a la sesión en lugar de ir a ver el fútbol. El aporte de Andino fue esforzado y el de Alvarado chabacano. Creo que éste último en realidad estaba maldiciendo no estar viendo el partido. Habrá sido, digo yo, una orden de sus hijos. Lo digo porque en determinado momento don Humberto no resistió la tentación y, un poco en broma un poco en serio, despachó con ironía y desdén un tema semántico que reviste cierta gravedad en materia de libertad de prensa, diciendo que era una tontería discutir si había alguna diferencia entre los verbos “regular” y “controlar”, que según su criterio son sinónimos, y que por eso él proponía que mejor todos nos fuésemos a ver el fútbol.

No hubo acuerdo final sobre el tema de la Convención Americana, aunque parezca mentira. La comisión acordó pedir al Secretario de la Asamblea Nacional la exhibición de las actas del debate del artículo 424 para confirmar la intención original del constituyente. “No debe haber durado mucho ese debate –le dijo César Montúfar a Panchana– porque poco te ha quedado”, en un humor sofisticado que el otro seguramente no entendió. Betty Carrillo concluyó diciendo que la comisión había llegado a un acuerdo general respecto a que debe haber una regulación de la comunicación pero que quedaba por resolverse qué debía regularse y cómo debía hacérselo (es decir, todo) a lo que Panchana añadió “¡y quién!” Lo suyo, ya lo sabemos, es atribuir al organismo que ha concebido en su engendro de proyecto la potestad de cerrar medios de comunicación que emitan informaciones “no contrastadas”.

La impresión que a mi me quedó es que el esfuerzo de Montúfar por sostener con sus colegas una discusión doctrinaria es inútil. Es posible que María Augusta Calle pueda seguir el hilo de su discurso, discrepar con altura en ciertos puntos, y en última instancia llegar a acuerdo mínimos en temas que son delicados desde el punto de vista de la jurisprudencia de los Derechos Humanos, pero pensar que va a conseguir una reflexión mínimamente compleja de parte de Carrillo, Alvarado o Andino, para no hablar de Panchana, es una ilusión.

Ustedes van a encontrar aquí una crónica cotidiana sobre el trabajo de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que discute la ley de comunicación. Lo hago porque, a pesar de que las sesiones son públicas, la prensa se retira pronto y se pierde de lo mejor. De modo que para completar las reseñas de los diarios, aquí van a tener mis impresiones y una descripción más o menos objetiva del debate y las posturas que están en juego.

La sesión de hoy arrancó a las 17h00, minutos más, minutos menos. La presidenta, Betty Carrillo, una asambleista esmerada y gentil pero de temperamento reglamentarista, dio inicio a la sesión ordenando la lectura del orden del día que rezaba: "análisis conducente a la construcción de la ley". En ese momento, los asambleístas César Montúfar y María Augusta Calle propusieron una breve modificación que permitiera comenzar la reunión con la conformación del consejo consultivo de la comisión, como al parecer habían acordado hacer en la sesión anterior a ésta. La presidenta se opuso con un argumento incontrovertible: el punto en cuestión no constaba en el orden del día. Varios minutos se perdieron dilucidando si había que atenerse al reglamento de modo tan estricto o si por el contrario convenía relajar los procedimientos y procurar un debate flexible. Vencieron los reglamentaristas. Montúfar y Calle aceptaron que lo suyo fuese abordado después, cuando el orden del día así lo autorizare.

Carrillo propuso entonces que la mesa conociera la propuesta metodológica que tenía el propósito de exponer, pero tan pronto había terminado de decirlo, Fausto Cobo clamó con amabilidad una tajante objeción: la propuesta metodológica de Carrillo tampoco constaba en el orden del día. Vino entonces un lapso más o menos prolongado en que se debatió si la metodología del debate formaba parte de la "construcción" de la ley o si por el contrario era un tema distinto cuya discusión, por tanto, no estaba autorizada por el orden del día.

Cobo, que dio señales de ser un hombre temperamental con vetas de rudeza, terminó venciendo.

A esas alturas era evidente que los comisionados estaban en una fase de tanteo del escenario y que ninguno se atrevía a tomar el toro por los cuernos. El circunloquio solo se detuvo cuando, supongo que motivado por un imperioso sentido del deber, el asambleísta de PAIS Mauro Andino, vicepresidente de la comisión, tomó la palabra para proponer, sin inmutarse, que la discusión y el debate de la ley debía tomar como referencia la ley Panchana y no las otras dos leyes que les había encargado la Asamblea. Se refería, para los que no están muy enterados, al proyecto presentado por el otrora intrépido reportero de ECUAVISA y conductor del programa sensacionalista "De la vida real", a la sazón amigo íntimo del presidente Rafael Correa, proyecto que, como sabemos, ha concitado -con justeza- el horror de muchas personas. Tan pronto Andino hizo su propuesta -nunca quedó claro si usó o no la palabra "moción", como alegó después Montúfar- la mesa fue presa de un evidente ánimo confrontativo. Cynthia Viteri, Cobo, Lourdes Tibán, Montúfar y Calle dijeron "no"... mientras que los demás asentían, con la salvedad de Carrillo, que se mantuvo neutral, y Rolando Panchana, que se hizo el desentendido. Los otros dos miembros, los que asintieron de inmediato, eran Humberto Alvarado y Angel Vilema. No cabía duda: la orden de Carondelet era discutir la ley Panchana y punto.

Para comprender este último acerto hay que saber quién es Humberto Alvarado. Veterano hombre de medios de comunicación, Alvarado es padre de Vinicio y Fernando Alvarado, dos de los hombres fuertes de Carondelet, jerarcas de la publicidad correista, antiguo comunicador de INTERAGUA el segundo y antiguo jefe de los versátiles publicistas que regentan las tres agencias que pautan la mayor parte de la publicidad oficial. Hombres fuertes es poco decir. Pilares de la estructura de poder correísta. El padre de estos muchachos, Humberto, no es tampoco ninguna perita en dulce: fue por varios años concejal de Quevedo por el partido Social Cristiano -la derecha oligárquica y mafiosa que lideró Febres Cordero- hasta que se candidatizó a la Asamblea Nacional por decisión del buró de PAIS, a pesar de que perdió en las primarias, y obtuvo durante el régimen de Correa una frecuencia de radio FM y una frecuencia de televisión local por parte del CONARTEL. No contento con eso, Humberto Alvarado tiene a su esposa, la madre de los muchachos de Carondelet, de Embajadora del Ecuador en Costa Rica. Andino, Vilema, Panchana y Alvarado son, de lo que parece, la encarnación de los hermanos Alvarado en el seno de la comisión.

(Hay que destacar que el asambleista Andrés Páez pidió al señor Alvarado que se excuse de pertenecer a una comisión en la que se discutirían temas que atañen a su patrimonio, a lo que éste, naturalmente, se negó).

Con la propuesta de Andino la cosa se puso tensa. Se trataba de una avezada idea, habida cuenta que el CAL -consejo de administración de la legislatura- había calificado tres proyectos para el debate, sin preferir ninguno de ellos. Solo la consideración, descomedida y falta de tacto, de que los seis asambleístas del bloque de PAIS se disciplinarían detrás de su voz de mando, justificaba semejante atrevimiento.

Pero se topó Andino con una comisión que se sabía observada y con un grupo de asambleístas asistidos por el sentido común. Montúfar lideró el debate y propuso, con el apoyo de Calle, una serie de puntos nodales respecto de los cuales se debía debatir para configurar de modo coherente la ley. El primero y el más importante, dijo, era dilucidar si la comunicación era un derecho -y en consecuencia debía ser objeto de regulación- o si se trataba de un bien público -en cuyo caso debía ser objeto de control estatal. Como Andino se quedó sin piso, no volvió a hablar. Los demás se entregaron al debate y finalmente terminaron sumándose a la propuesta de Montúfar, siendo el más entusiasta en ello, nada menos que Panchana.

Finalmente se convocaron para conformar el comité consultivo mañana a las 10h00. Carrillo quedó a cargo de incluir el tema en el orden del día. Ojalá no se le olvidé.

Aquí la reseña del sitio web de la Asamblea.