Ahora que se ha cerrado un ciclo y ya no parece inminente el peligro de una secesión catalana, creo que es un buen momento para que quienes hayan vivido este “desafío” como algo traumático puedan reflexionar sobre las razones de su posicionamiento.
Personalmente, desde el principio, he defendido sin titubeos el derecho de la gente que vive en Cataluña a decidir su propio futuro político.
Por coherencia política en primer lugar: llevo toda la vida luchando (con mayor o menor fortuna, con mayor o menor intensidad) por todo tipo de derechos y libertades. Si me he manifestado para que personas del mismo sexo pudieran casarse y me he opuesto a quien quería impedir la construcción de mezquitas –a pesar de no tener ningún aprecio ni por la institución matrimonial ni por la religiosa– en nombre del derecho a la libertad e igualdad de individuos y colectivos, ¿cómo podría negarle, a la mitad de la sociedad en que vivo, un derecho político tan básico como el de poder autodeterminarse?
Máxime cuando esta demanda de autodeterminación era animada por un amplio movimiento transversal y popular, inclusivo, absolutamente no violento, con tintes de auténtica renovación democrática (proceso constituyente y convocatoria de un referéndum). Es muy simple: todo el mundo debe poder –si quiere– disponer de su propio destino, obviamente sin violar los derechos fundamentales de otros. Por supuesto, me hubiera agradado más una propuesta de república soviética de Catalunya, o una Federación de Municipios Libertarios o, mejor aún una libre federación sin fronteras ni barreras de pueblos del mundo. Pero, parafraseando el título de un libro muy crítico con el independentismo: “¿Quién soy yo para negarle un estado a nadie?”
Y un movimiento tan masivo, aspirando al desmantelamiento de la estructura garante del orden establecido por excelencia, el Estado, sin masacres ni derramamientos de sangre, pero de forma radical, era una especie de sueño.
Algunos objetarían que aquí, de estado, querían poner uno nuevo, que tal vez sería peor que el viejo. Es la vieja lógica, que antaño definíamos conformista, que enfatiza los peligros del cambio y minimiza los defectos (y hasta los horrores) de “la realidad”.
También en la cárcel –cuando decidí evadirme– había gente que me aseguraba que una vida de prófugo, de marginación, sería peor que cumplir la condena que me habían impuesto –justa o injusta que fuera – y que mejor que me quedara quieto, sobreviviendo, doblegándome y esperando.
Es cierto: en todo cambio hay riesgos, pero, como no se cansan de repetirnos machaconamente los mensajes motivacionales que nos vomitan encima publicidades institucionales y comerciales de todo tipo, también hay oportunidades.
Las revoluciones pueden acabar en baños de sangre y regímenes autoritarios, pero también en mejoras en la vida colectiva y la erradicación de injusticias profundas. “Chi non risica non rosica” decían en mi pueblo.
En fin, que no fue nada difícil para mí elegir entre los peligros de un estado catalán por construir y la aplastante concreción de un estado español. Y ello sin tener en cuenta el tema de la represión (un gobierno legítimamente elegido y encarcelado o exiliado y miles de personas perseguidas por la justicia o apaleadas por simples protestas), una línea roja para cualquier persona simplemente democrática (donde han ido a parar aquellos que salmodiaban frases como “sin violencia en una democracia debe poderse plantear absolutamente todo” o bien “no estoy nada de acuerdo con tus ideas pero daría mi vida para que puedas defenderlas”, cuando se trataba de condenar a ETA?).
Todo ello a sabiendas de que muchos en el movimiento independentista no comparten del todo ni parcialmente mi visión, ni mis principios. Como dijo en una ocasión un activista barrial, hijo de la inmigración y militante libertario: “en el lado de la barricada independentista hay de todo: gente que te cae ben, gente que te cae regular y gente con la que te llevas fatal, como en la vida de cada día. En el otro, el del “mejor unidos”, están todos y cada uno de mis enemigos de toda la vida: policías, ejército, banqueros, patronales, jueces, aristócratas, reyes, obispos,…”.
Llegados a este punto y a la vista del espectáculo dantesco que la política y todas las instituciones del Estado español están dando, me parece sin embargo absurdo seguir escudriñando en las motivaciones de los que quieren la independencia. Políticamente creo que sería mucho más interesante –al menos desde un punto de vista de izquierda transformadora- un estudio en profundidad de las motivaciones de la gente que se ha opuesto desde un principio, y a veces con ahínco, al “desafío catalán”.
No me refiero obviamente a las castas dominantes, que lógicamente defienden con uñas y dientes (de otros) sus privilegios. Ni tampoco a los fascistas y a los que tienen vocación de súbdito satisfecho. Con estos no hay equivocación posible: son los partidarios de todo lo que repugna a mi conciencia (la de clase y la otra) y por tanto enemigos… que nos tratan como tales, por cierto.
Ni tampoco, en otro sentido, a la gente que de forma totalmente legítima considera que se trata de una guerra que no les interpela o en la que no ven ninguna oportunidad de cambio real. Me parece lógica, en estos casos, una neutralidad que, al tiempo que sigue denunciando las injusticias implícitas en el actual orden, argumenta políticamente de forma crítica y honesta su rechazo de determinadas formulaciones y mecanismos dentro del frente independentista.
Cabe decir que dicha neutralidad no siempre es tal y que a menudo la equidistancia ha servido y sirve para disfrazar una adhesión al dogma indiscutible de la unidad de la patria. Aunque fuera por aquello tan prudente (y humanamente comprensible, aunque, como decía, políticamente conformista y conservador) del “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”.
Lo que me interesa son las razones, las verdaderas, que empujan a gente que se posiciona ideológicamente a izquierda, a considerar que la unidad del Estado español sea algo que merece protección hasta el punto de justificar y/o cerrar los ojos sobre violencia policial, persecuciones judiciales y administrativas, encarcelamientos y criminalización de cientos de miles o millones de personas que desearían prescindir de los servicios de dicha estructura.
Confieso que me resultan muy difícil entender sus temores. No creo que haya datos o hechos que permitan pensar que una Catalunya independiente sería más injusta socialmente, más negadora de derechos y libertades, más insolidaria con los empobrecidos del mundo, más corrupta y caciquil, y más autoritaria de lo que es, ha sido y, por lo que parece, será durante mucho tiempo, el Estado español. Y no por ninguna superioridad de “lo catalán”, sino porqué es difícil superar, en clasismo, experiencia de dominación, corrupción y autoritarismo, al estado de Europa que ha tenido los más largos periodos de absolutismo y de dictadura fascista.
De hecho, cuando rascas un poco, te das cuenta que la auténtica razón de muchos opositores de izquierda al independentismo catalán, es identitaria (y no lo digo como insulto, ya que las identidades existen, también la del cosmopolita progre que, por cierto, anhela imponerla al resto del mundo): la independencia catalana es vista como una agresión al “derecho a ser español”. Es decir, a vivir plenamente en castellano, llevar un DNI que declara tu hispanidad, ver en los mapas que “esto es España”… y poco más. Curioso derecho que a mí, ciudadano de otro país que ni siquiera puede votar en esta gran democracia donde llevo viviendo 40 años, me deja enormemente perplejo.
No me cuadra: si existe el derecho a ser español en España, Cataluña incluida, ¿porqué no existe el derecho equivalente a ser catalán en Cataluña (fíjate que podría decir España)? Es decir a poder vivir íntegramente en el idioma propio (propio, sí, por la simple e innegable razón de que no hay otro sitio en el mundo en el que se hable) en tu tierra, llevar documentos que certifiquen tu nacionalidad, tener equipos de futbol y de toda clase de deporte nacionales, elegir parlamentos que no estén bajo constante supervisión de ninguna institución ajena y, en general, todos aquellos detalles que certifican tu condición de ciudadano de un país. Una persona simplemente democrática debería preocuparse por esta descarada asimetría. Así como debería preocuparse por la pérdida inexorable de hablantes del idioma minorizado (nadie, no ya de izquierda, sino con dos dedos de frente, puede mantener aquello de que los idiomas solo sirven para intercambiar mensajes e información), por la humillación real en el día a día -y durante largos periodos históricos de forma especialmente intensa- a que se ve sometida la gente que se siente catalana y no española.
¿Por qué para un español (por cierto, en la propaganda unionista tanto de extrema derecha como de semi izquierda se omite sistemáticamente el hecho de que un 15% de la población en Cataluña no es “nacional” española) debería representar un problema vivir en una Cataluña independiente y, en cambio, no para un catalán ser obligado a ser español?
No está nada bien reivindicar para uno mismo algo que se les niega a los demás…
Muchos dirán que no se trata de esto, que la causa de su oposición al “embate secesionista” son los “grandes problemas”, los “de verdad”, que la “cortina de humo procesista” tapaba. Muy bien, de acuerdo, vamos a verlos. Mires por donde mires, el primero es la misma configuración del Estado con el que directa o indirectamente siempre te topas. Que, a pesar de las apariencias, no es un estado como el holandés, el francés o el italiano (que también son aparatos de control y dominación, pero con una cultura y formas resultantes de largos periodos de conflicto y de la derrota de los fascismos en 1945), en el español se condensa lo mejor de la experiencia en subyugación social de la modernidad neoliberal y lo más eficaz de un régimen opresivo clásico. Basta un repaso a la historia más reciente: España es el único país europeo donde el fascismo no solo pudo triunfar militarmente y mandar durante 40 años, sino que pudo transformarse a su antojo adaptándose, en las formas, a los ordenamientos políticos de su entorno. Después de décadas tragando con el cuento de la transición modélica, hoy en día es evidente – para quien quiera ver – que se trató de un simple cambio de piel de un régimen de opresión y privilegios. Simbolizado por la reinstauración de una monarquía entronizada por la voluntad del dictador y la ley franquista, e impuesta, con subterfugios, a la nueva democracia. Monarquía que en 40 años ha acumulado, junto con el título de jefatura del estado, unos ahorrillos valorados en 2.000 millones de euros, muchas cabezas de animales exóticos y en peligro de extinción, amistades con las peores dictaduras del globo, una red de corrupción que se extiende a todos los potentados económico del país y el mando del ejército. Un ejército de extrema derecha, que se reivindica sin titubeos de la cultura franquista. Una cultura que interpreta la separación de poderes como división de tareas para el fin común del mantenimiento, a cualquier precio, del orden establecido. Un sistema judicial jerarquizado y dominado por una casta ultraconservadora, con tribunales especiales –como la audiencia nacional y el tribunal supremo-. Unos policías y servicios secretos que gozan de impunidad casi absoluta en la represión de la disidencia (el GAL, las ejecuciones extrajudiciales, los miles de casos de tortura…). La ley electoral, que favorece el control caciquil de amplios territorios. La composición del senado y su poder de bloqueo de cualquier cambio radical del marco legal. La composición del tribunal constitucional. Los otros poderes: la iglesia, el entramado mediático-bancario, la extrema derecha…
Todo ello en compacta defensa de los privilegios que, al amparo de los tricornios de la Guardia Civil o de las bayonetas del ejército, se han venido consolidando a lo largo de los siglos: latifundistas feudales, especuladores del tocho, tiburones de las finanzas, una burguesía extractivista de república bananera aliada con una aristocracia inculta y brutal, experta en monterías, armas y toros, castas de funcionarios, cortesanos y militares y, más recientemente, los representantes de multinacionales extranjeras y de fondos de inversión cosmopolitas.
¿Cómo abrir caminos de emancipación política y social en semejante marco?
Un problemón que han intentado resolver, a lo largo de los siglos, con cientos de intentos de todo tipo: reformistas, revolucionarios, liberales… con los conocidos resultados.
¿Cuantos siglos más habrá que esperar para que la naturaleza centrípeta y elitista del Estado se vaya modificando por desgaste interno y cambio de contextos internacionales? ¿Han calculado –los enemigos de la “fractura” de España- los costes en términos de perpetuación de injusticias, opresiones, corrupción, privilegios de casta que representa el mantenimiento de esta España monárquica y unida?
Pero, nada, no son éstos los problemas de la gente, dicen algunos sindicalistas que han hecho de la mediación entre intereses de clase su modus vivendi (y muy bien vivendi, por cierto), sino las pensiones, un trabajo digno, la vivienda, la sanidad, la escuela… Sin embargo, la huelga por el cierre de la fábrica, la manifestación por las pensiones, las protestas por una sanidad pública, etcétera, tienen justamente como interfaz el aparato de dominación que acabo de describir someramente, y que se rige por la única lógica de la autoperpetuación. La confrontación con el estatus quo y su cancerbero estado es ineludible para lograr cambios mínimamente significativos y no puramente cosméticos. Dicho de otra forma: no hay reforma radical que no pase por la deconstrucción del actual estructura-estado.
Muchos, es cierto, insisten en preguntar “¿por qué no ayudar a cambiar todo lo que en España no funciona? También allí hay gente progresista. ¡No hay que ser egoístas!”. Honestamente creo que el triunfo del proyecto independentista representaría una baza formidable –tal vez la única posible– para quien persiga un auténtico y profundo cambio social y político en el conjunto de territorios, pueblos y naciones. Y además… ¡Si ya se ha hecho! A lo largo de los siglos y hasta el pasado más reciente, la sociedad catalana (tanto sus clases dominantes como sus clases populares) siempre han participado en los grandes intentos de trasformar -en algo más parecido a lo que había alrededor o en un nuevo mundo de justicia y libertad– el país España. El último fue el movimiento de los indignados, rápidamente dinamitado y abducido en el entramado institucional via la iniciativa de Podemos. Las estructuras del Estado (políticas, económicas, militares e ideológicas) siempre han demostrado una aplastante capacidad de represión-recuperación. De imposición de su hegemonía.
También están los progresistas ciudadanos del mundo, muy preocupados ellos por la creación de nuevas fronteras. Personalmente opino que, antes de atacar al independentismo catalán por unas fronteras que ningún independentista quiere levantar, sería más lógico que atacaran la criminal política de frontera real, la que levanta vallas con concertinas y deja ahogar a gente en el mar (cuando no los mata directamente como en Tarajal). La de los CIE, del racismo institucional via ley de extranjería.
Y podríamos seguir.
En definitiva, el desafío catalán representaba una oportunidad de resquebrajar esta estructura de perpetuación y reproducción de injusticias. Con muchas incógnitas, pero era una propuesta concreta. Podía gustar o no, pero no es de recibo atacarla sin ni siquiera apuntar una propuesta alternativa (con base política y social real, no fantasías de intelectuales) para acabar con un orden establecido de injusticia y abusos. Porqué lo que queremos prioritariamente es acabar con esto, ¿verdad?
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