Pueblos en Camino

El modelo civilizatorio, su dispositivo fundamental de control y regulación, han fracasado; han colapsado. José Ángel Quintero Weir, indígena Añuu, académico, activista, lo reitera y explica cómo el modelo de despojo rentista implementado por derechas e izquierdas, siempre petrolero y ahora minero, ha llevado a la debacle y al desplazamiento masivo en Venezuela. Es el mismo modelo global. El mismo fracaso. 34 pueblos indígenas defienden el territorio de ese modelo fracasado y están en riesgo. La única salida para Venezuela y más allá es la confederación de pueblos arraigados en territorios en resistencia y alternativas.

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José Quintero Weir

Con un evidente fraudulento proceso de votación y, sobre todo, la farsa en la presentación de resultados por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciando la “elección” de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, para la elaboración de un nuevo texto constitucional con el que el gobierno pretende sustituir la Constitución de 1999 (la de Chávez).

El régimen ha sustentado e impuesto este fraude en virtud de una supuesta “apertura al diálogo” y  “a la paz”, aunque en los hechos concretos, el “diálogo” se tradujo en unos 120 muertos en las calles, asesinados por la Guardia Nacional o por los colectivos armados por el gobierno y, “la paz”, ha sido la de los sepulcros de todos los caídos en las protestas.

José Quintero Weir

Antes de ayer, ayer, hoy, en Venezuela, algún joven va a morir a manos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. El Ministro del Interior dirá de inmediato que su muerte ha sido prácticamente un suicidio; el Defensor del Pueblo, casi sin que el Ministro termine su discurso, corrobora su palabra y abunda en ejemplos históricos de suicidios parecidos y aprovecha las cámaras para acusar a estos jóvenes “suicidas” de cualquier acción que ponga en riesgo su vida y la de sus familiares.

José Quintero Weir

La verdad, no nos interesa definir a Venezuela como un Estado delincuente de acuerdo a los parámetros establecidos por las organizaciones del llamado sistema interamerícano de naciones; vale decir, el desmadre del Estado venezolano no se debe a la oportunista acción de salida del Gobierno venezolano de la OEA en el momento en que la correlación de fuerzas al interior del Organismo no le es  favorable. No. Para los de Abajo en Venezuela, la condición delincuencial del Estado-gobierno venezolano se viene ejecutando desde hace 18 años a partir de la liquidación de la dirigencia social obrera, campesina e indígena mediante la persecución, prisión y el asesinato de todos sus líderes; pero también, de una juventud que, equivocada o no, ha salido a las calles a protestar contra un gobierno que consideraba en poder de un Estado y, por ello, en consonancia con lo que ellos consideraban el Estado debe responder como su derecho a la libre asociación, a la protesta y la libertad de expresión. Pero, han comenzado a entender, luego de sacrificar por lo menos un centenar de jóvenes asesinados, que su lucha no es contra un Estado sino contra unas mafias delincuenciales que, apoderadas de las instancias del Estado, condenan a muerte a toda la población que, en efecto, son perseguidas y asesinadas por unas fuerzas armadas ya podridas y unos paramilitares apoyadas en sus acciones criminales por esa misma cúpula militar ya entregada a la delincuencia y a la muerte.

José Quintero Weir, nación Añú

Ha concluido la 1ª reunión autónoma de comunidades y organizaciones de base de los pueblos indígenas de Venezuela. Los hermanos y hermanas que logramos realizar esta reunión nos retiramos complacidos a nuestros lugares de orígenes conscientes que hemos puesto un grano de mostaza en el inicio de un verde camino para el cual estamos preparados.

Lo que nos reúne
Nos reunió la necesidad de verificar que no nos sucede sólo a nosotros el despojo del territorio a favor del Capital Transnacional Minero, nos reunió la necesidad de escuchar con cuidado el canto de nuestro mayores para reafirmarnos que no comienza esta camino en el paso que ahora damos sino que es llano de conocimiento acumulado en las marcas de la guerra por la dignidad que hicieron nuestros mayores. nos reunió la necesidad de contarnos cómo hacemos para vivir este tiempo sin que el tiempo que domine sea el que se nos imponen los que piensan que vivir es burlarse de la vida y de la naturaleza, los que se creen dueños de la tierra y de nuestro aliento, el tiempo los que están convencidos de que inventaron el tiempo y que las estrellas son para adornar su vestido y su sombrero.

José Quintero Weir

Si a ver vamos, siempre, a lo largo de la historia del mundo, ante la mayor de las ignominias, lo primero que los pueblos enarbolan en su defensa es la poderosa arma de su poesía, la de sus poetas mayores, pues, sólo ella y ellos, desde su humilde rebeldía, son capaces de enfrentarse por sí mismos a toda imposición, a todo dominio.poder

 A pesar de que el título de arriba ciertamente aparece como muy genérico, debo ser honesto en decir que mi carta va dirigida a quienes, de una enorme lista de nombres señalados como escritores que apoyan al Presidente Maduro en esta aciaga hora, constituyen para mí, poetas verdaderos; esto es, verdaderos escritores que, equivocados o no en su apreciación política del momento, poseen la condición, por haberla trabajado y expuesto en una obra singular, digna de ser considerada por encima de cualquier contradicción política e ideológica circunstancial.

Me refiero, pues, entre otros, a mi muy querido Ramón Palomares y César Chirinos, entre los más viejos. Luis Alberto Crespo y César Seco, entre los más relativamente jóvenes. Los demás, no los menciono, ya porque aun sabiendo de quienes se trata, nunca formaron parte en el contexto de las luchas éticas, poéticas y políticas de nuestro país, de ninguna acción que pudiera ser considerada como expresión del oficio de poetas, esto es, de nuestra historia de rebeldía literaria y política. A otros, mucho menos puedo mencionarlos ya que les conozco de a de veras, y sé que su mayor acción social o en beneficio social en la que siempre se destacaron fue, precisamente, en cuidar de sí mismos y en abombarse a sí mismos; por lo que, no merecen la pena ni siquiera para apoyar a Maduro en estas terribles circunstancias por su evidente oportunismo.

Recuerdo que, para 1972, la primera tarea que como militante del PRV-FALN me fue asignada por Alí Gómez (El Curita), posteriormente muerto en combate en Nicaragua por la Contra, era la de visitar todos los domingos al único guerrillero de las FALN preso en la llamada Cárcel de Sabaneta en Maracaibo: Felipe Rojas, quien compartía pabellón con varios presos políticos entre los que se encontraba Jorge Rodríguez (el verdadero), Miguel Ángel Díaz Zárraga y José Zabala (esposo de mi muy querida poeta Lydda Franco Farías), entre otros, pertenecientes todos a la llamada OR de Julio Escalona, actual diplomático del gobierno en no sé, ni importa dónde.

José Quintero Weir advirtió que se va a recrudecer un proceso de criminalización directa contra el pueblo wayuu bajo la justificación del combate al “bachaquerismo”. En su opinión el fenómeno del contrabando forma parte de una realidad producida por una economía nacional deprimida, que posibilita la aparición de mafias asociadas al tráfico de alimentos y gasolina. “Los wayuu no son los responsables de la situación, el responsable es la economía. Aquí hay grupos de poder involucrados, sin embargo, el Estado criminaliza a priori a los indígenas” dijo Weir. 

El profesor de LUZ dijo que la escasez de alimentos genera una crisis de gobernabilidad y acelera el descontento de numerosas capas de la población, lo que –según afirmó- es utilizado por el gobierno nacional y regional para cargar sobre los wayuu la responsabilidad por la crisis alimentaria que viven los habitantes de la región. “Para el gobierno todo wayuu es sospechoso de ser un criminal. Van alrededor de 25 muertos, solo ayer mataron 2 en un supuesto enfrentamiento” denunció.

Quintero Weir apuntó que detrás de este acelerado proceso de criminalización y persecución contra los wayuu, se esconde la intención de despojarlos del territorio que habitan, para entregarlos en concesión a las transnacionales carboníferas. “Tenemos que llamar la atención sobre esta arremetida contra el pueblo wayuu, que es el pueblo que está ocupando los territorios en donde se pretende explotar dos grandes minas de carbón, para la creación de carboeléctricas en el estado Zulia, en eso es que hay que llamar la atención” enfatizó. 

Por su parte, Nelson Zeballos y Eudomar Rincón señalaron las limitaciones que tienen para acceder a sus territorios. “Se nos ha afectado el acceso a la Guajira, prácticamente no podemos transitar libremente. La extrema militarización del territorio indígena nos impide acceder a nuestros territorios”, comentó Zeballos.

Denunciaron que los fuertes controles militares se han traducido en atropellos y discriminación contra las comunidades indígenas, señalaron que estas comunidades tienen un acceso limitado a los alimentos regulados por el gobierno nacional, por lo que afirman que es imposible que los Wayuu dirijan las mafias del contrabando, como lo han querido hacer ver muchos funcionarios gubernamentales.

“Si vamos a un velorio nos revisan el ataúd para ver si de verdad llevamos un muerto. Nos allanan las casas y detienen arbitrariamente a muchos wayuu, sin respetarles el debido proceso. Las leyes indígenas ya no existen para ellos, hay una discriminación muy grande” lamentaron los denunciantes.

Dijeron que los altos mandos de la Guardia Nacional y el Ejército someten al hambre a los Wayuu al impedirles el uso de medios de transporte para desplazarse entre la baja, media y alta Guajira. Alertaron que se quiere criminalizar a todo el pueblo Wayuu para convertirlos en delincuentes “todos nos llaman bachaqueros, no todos somos bachaqueros”. 

Las denuncias de atropellos presuntamente cometidos por militares contra comunidades indígenas en el Zulia es de larga data. Solo el año pasado, el 16.07.13, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció el asesinato de Zoe López, de 26 años de edad y perteneciente a la etnia Wayuu, quien presuntamente fue víctima de un ataque realizado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes habrían disparado en su contra.

Las organizaciones defensoras de derechos indígenas en el Zulia, han exhortado reiteradamente a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, a que se investiguen los hechos en donde efectivos militares se han visto involucrados en atropellos contra los pueblos originarios de la zona. 

Activistas y defensores han denunciado constantemente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la FANB en ejecución de la lucha contra el llamado bachaqueo y el contrabando. Cifras extraoficiales advierten que el número de wayuú asesinados en estos operativos militares, ascienden a 25 personas y más de veinte heridos, lo que en palabras del Comité de Derechos Humanos de la Guajira “evidencia la gran vulnerabilidad de los Derechos Humanos y Culturales del Pueblo Wayuu en la Guajira Venezolana”.

En agosto de 2013, comunidades indígenas wayuu junto a ONG defensoras de DDHH, realizaron una caminata contra la militarización del territorio indígena y los atropellos de la FANB. “No queremos más muertes en la Guajira, exigimos respeto a nuestro territorio”, se leía en las pancartas y consignas de los manifestantes, quienes relataron la realidad que amenaza diariamente a los wayuu. “No más balas, tenemos derechos. No más familiares muertos”, fue el reclamo principal de la actividad.

También en dicha ocasión, se emitió una declaración pública “en defensa del pueblo, espiritualidad y dignidad del territorio ancestral Wayuú”, entre los aspectos más resaltantes del pronunciamiento se encontraban el rechazo al creciente proceso de militarización del territorio, y la complicidad de efectivos militares con mafias dedicadas al contrabando en la frontera colombo-venezolana.

Asimismo se solicitó la “investigación, reparación e indemnización de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en la Guajira, que se traduce en asesinatos, allanamientos ilegales, heridos y detenciones arbitrarias violatorias del debido proceso y el derecho a la defensa”. 

“Exigimos respeto a la vida, que cesen las balas, no más atropellos ni allanamientos ilegales a nuestras casas y cementerios, queremos la paz y el dialogo”, expresó el documento.

El delito de contrabando de alimentos y gasolina en la frontera colombo-venezolana se ha convertido en un serio problema que afecta el abastecimiento de productos de primera necesidad en las regiones fronterizas. Sin embargo, la lucha contra este flagelo no puede convertirse en una política orientada a criminalizar y perseguir a sectores sociales. 

Deben atenderse las causas reales de este fenómeno para elaborar medidas de consenso, con respeto a los DDHH, y apegadas a la Constitución Nacional y la legislación venezolana, que permitan avanzar en una solución al problema. El Estado venezolano debe investigar las denuncias de atropellos por parte de efectivos militares contra ciudadanos, y las acusaciones acerca de la presunta participación de altos funcionarios militares en el delito de contrabando.